La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) se encuentra evaluando distintas estrategias políticas, gremiales y legales luego de que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia le notificara una multa superior a los $13.800 millones, en el marco del conflicto docente registrado durante julio de 2025.
La sanción fue dispuesta mediante la Resolución RESFC-2026-15-E-SANTA CRUZ-MTESS, en el expediente N° 535.452/MTESS/2025, por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada de oficio por el Gobierno provincial en pleno desarrollo de la negociación salarial con el Consejo Provincial de Educación (CPE).
Desde el gremio docente sostienen que la medida constituye un nuevo capítulo en la disputa política entre el Ejecutivo y la principal organización sindical del sector educativo, y no descartan avanzar con presentaciones judiciales, acciones administrativas y definiciones orgánicas para enfrentar una sanción que consideran desproporcionada y de fuerte impacto institucional.
La multa se originó a partir del paro de 48 horas realizado los días 7 y 8 de julio de 2025, convocado por ADOSAC pese a encontrarse vigente la conciliación obligatoria. Según los datos oficiales del CPE, más de 8.400 docentes en promedio se sumaron a la medida de fuerza, lo que derivó en la suspensión total de clases en todos los niveles y modalidades educativas de la provincia.
El Gobierno fundamentó la sanción en la Ley Provincial N° 2.450, que faculta a la autoridad laboral a aplicar multas ante el incumplimiento de resoluciones administrativas, y remarcó el carácter reincidente del gremio, lo que habilitó un incremento del 30% sobre el monto base. En el texto oficial, el Ejecutivo provincial volvió a poner el eje en el derecho a la educación y en el impacto de los paros sobre el calendario escolar.
En el ámbito sindical, la notificación reavivó el debate interno sobre el alcance de la conciliación obligatoria, la relación con el Gobierno y el escenario que se abre de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. Dirigentes gremiales advierten que el monto de la multa no es de cumplimiento inmediato y sostienen que existen antecedentes judiciales y administrativos que serán utilizados como parte de la estrategia defensiva.
La conducción de ADOSAC también analiza el impacto político de la sanción, interpretada como una señal de endurecimiento del Gobierno provincial frente a los conflictos laborales, en un contexto de tensión persistente con los gremios docentes, pese al acuerdo paritario firmado en marzo de 2025.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo ratificó que la aplicación de la multa responde al cumplimiento estricto de la normativa vigente y aseguró que la herramienta sancionatoria no busca limitar la acción sindical, sino garantizar el funcionamiento del sistema educativo y preservar la paz social.
Con la notificación ya formalizada, el conflicto abre una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo provincial y ADOSAC, marcada por la disputa jurídica y la definición de estrategias políticas que podrían volver a tensar el escenario educativo en Santa Cruz.
